La policía detiene cada vez más a consumidores de drogas
Un informe oficial muestra un enorme crecimiento de las detenciones de usuarios de drogas, mientras los delitos vinculados a la inseguridad son dejados de lado. Las actuaciones por la ley de drogas pasaron de 1,9% en 2014 al 5,5% en 2019. Un 84 por ciento de los partes policiales surgen por presunta tenencia de drogas para uso personal. Opina Tobías Schleider.
12 Sep 2020
Emilio Ruchansky para Nuestras Voces
La persecución a consumidores y consumidoras de drogas ilegalizadas por parte de las policías provinciales y las fuerzas federales viene creciendo en Argentina o al menos se empieza difundir. La tendencia se confirmó en el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). Los hechos registrados por distintas infracciones a la ley de estupefacientes pasaron casi 62.000 en 2018 a más de 98.000 en 2019, crecimiento que se explica porque en un 84 por ciento de los partes policiales surgen por presunta tenencia de drogas para uso personal. En la práctica, la reputada guerra contra el narcotráfico se dirige principalmente contra las personas que se quiere “proteger”.
Durante la presentación del informe en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la directora del SNIC sostuvo que en 2019 hubo un incremento del 12,6 por ciento en los supuestos hechos delictuosos registrados respecto de 2018. Angela Oyhandy detalló luego que esa suba se concentraba mayormente en los delitos contra la propiedad, en los robos que no acabaron con personas lesionadas o muertas, en los robos agravados y en las infracciones a la ley de drogas (23.737).
Resulta llamativo el gráfico, “la torta”, de estos últimos delitos en 2019. El 53,7 por ciento de los hechos registrados por las fuerzas del orden fueron por “tenencia simple atenuada por uso personal de estupefacientes”. Si a eso se le suma el 12,5 de “tenencia simple”, es decir, poseer una sustancia sin un fin determinado (delito que implica penas de 1 a 6 años), el porcentaje llega a 66,2. La cuestión empeora cuando se considera la categoría “Otros”, que implica el 22,7. Casi el 90 por ciento de las actuaciones no fueron “golpes al narcotráfico” precisamente.
“La principal deficiencia estadística de lo reportado en infracciones a la ley de drogas es la categoría ‘Otros delitos’, que no está pensada como una categoría residual sino que serviría para captar los otros delitos que no están desagregados. Este glosario de categorías por supuesto nos preexiste y estamos trabajando para mejorarlo. Nunca se habían publicado, no quiero especular por qué”, explicó a este medio Angela Oyhandy. Antes del 2017 no había siquiera información desagregada sobre delitos de drogas en el sistema.
Según explica la funcionaria como es un ‘Otros’ muy grande, se hizo un relevamiento que incluyó entrevistas en las áreas de estadísticas de las fuerzas federales. También se revisaron algunos partes originales, a partir de los cuales se cargan las estadísticas. “Ahí vimos que en general prevalecían dos tipos de situaciones: o bien no podían determinar si era una tenencia para consumo personal o simple o también, en algunos casos, había dudas entre las figuras de tenencia y comercialización. En algunas fuerzas, era directamente una categoría residual”.
Suele decirse que las distintas policías en la Argentina detienen a quienes consumen drogas solo para “hacer estadísticas”. Sin embargo, algunos de estos hechos y sus presuntos autores no son registrados. A veces se llega a un arreglo con la autoridad o basta con bancarse el “verdugueo”. En el caso de conductas como la tenencia de drogas ilegalizadas, este agujero negro debe ser considerado particularmente. Hay que sumarlo al escalofríante panorama de la criminalización.
Sin calles
La procedencia de los hechos registrados por la policía no es un dato que releve el SNIC, es decir, el informe no detalla si fueron denuncias, fruto de actuaciones de oficio por instancias de una fiscalía, tareas de “prevención” o flagrancia. Sin embargo, las infracciones a la ley de drogas tienen particularidades inocultables. Por ejemplo, en los casos de robo se suele trabajar “a demanda”, es decir, a partir de las denuncias; en cambio, en la supuesta persecución del narcotráfico pesa la iniciativa propia de la policía: a veces con aval de una fiscalía, otras “topándose” con personas que consumen.
Las tareas de calle, en el caso de las fuerzas federales, son la principal fuente de abastecimiento de “hechos” tipificados en la ley 23.737. Probablemente sea así también en el caso de las policías provinciales. A diferencia de lo que se cree, las personas acusadas por tenencia para uso personal no suelen ser detenidas por estar consumiendo en la vía pública. En general, son requisadas sin fundamento válido por las fuerzas del orden; a veces se las “invita” a entregar las drogas antes, otras directamente se los cachea y requisa.
Según explica Tobías Schleider del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) estas detenciones pueden usarse del mismo modo que, en otros momentos, lo fueron la resistencia a la autoridad, la averiguación de antecedentes o de identidad. “Son un ‘comodín’ para marcar presencia policial en la calle, lo que a veces llega al hostigamiento. Por las características urbanas y por de la organización policial, las calles de los barrios de las ciudades del interior son más de la gente que las habita que de la policía que las visita”, advierte este investigador marplatense.
En esa ciudad balnearia, recuerda, se había logrado frenar el ingreso constante de causas judiciales contra usuarios y usuarias de sustancias. Ya en 2006, la Procuración General bonaerense había fijado algunas pautas, que en 2014 retomó la Fiscalía General departamental y luego la Unidad Funcional de Estupefacientes marplatense. “De esta forma las personas no eran llevadas a las comisarías, se labraba el acta de secuestro, avisando a fiscalía, y se consultaba a la persona si padecía algún problema de adicción y en todo caso se ofrecía material orientativo para buscar ayuda”, explica Schleider.
Esto terminó abruptamente en 2019, con un aumento sideral de causas ingresadas. Las personas detenidas por tener drogas volvieron a ser llevadas a las comisarías, según se explicó oficialmente, por la integración hecha por la anterior gestión del Ministerio de Seguridad bonaerense de su Sistema de Información Delictual con el Sistema Informático del Ministerio Público. La falta de adopción de medidas técnicas para llevar adelante está integración de programas motivó el regreso de los traslados a las comisarías para cargar datos.
Para frenar el rebrote judicializador, a fines del año pasado la Agrupación de Cannabicultores Marplatenses presentó un Habeas Corpus Preventivo que derivó en una audiencia con autoridades policiales, requerida por el juez Juan Tapia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) apoyaron el reclamo de la agrupación para cesar con los criterios arbitrarios y discriminatorios utilizados por la fuerza para interceptar, requisar y hostigar a personas que utilizan drogas.
Estadísticas y algo más
Si bien no fueron publicados aún los datos de SNIC de cada provincia, en las que rige la desfederalización de los delitos menores o leyes de “narcomenudeo”, lo que incluye conductas asociadas al consumo, se destacan la cantidad de hechos registrados. Esto ocurre en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Salta; también en la CABA, donde se implementó este traspaso desde 2019 y las infracciones a la ley de drogas figura como tercera tarea policial, después los robos y los hurtos.
Consultada para esta nota, la antropóloga Florencia Corbelle advierte que la producción local de datos estadísticos en materia de procedimientos y causas por infracción a la ley 23.737, “si bien creció considerablemente en los últimos años, continúa siendo escasa”. En muchos casos no posee continuidad y sistematicidad estable o el nivel de desagregación resulta insuficiente. La base de datos del SNIC presentan varias de estas falencias desde su creación en el año 2000.
“Los delitos por infracción a la ley de drogas crecieron considerablemente entre 2017 y 2019 y suponen un porcentaje cada vez mayor con respecto al total de delitos registrados en el país: pasando de un 1,9 por ciento en 2014 y 2015, a un 2,3 en 2016 para llegar al 5,5 en 2019. Esto por supuesto debe comprenderse en el marco de un gobierno nacional que tuvo una fuerte retórica belicista y presentó como uno de sus objetivos de gestión la ‘erradicación del narcotráfico’”, explica esta integrante del Equipo de Antropología Política y Jurídica, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
Cuando se analiza en detalle cuales son los delitos contra la ley de drogas que aumentaron en esos años, agrega Corbelle, autora de un libro sobre el activismo por cambiar la política de drogas en la Argentina: “Los datos estadísticos producidos por diferentes organismos del estado evidencian que lo que se ha acrecentado es la persecución a usuaries, así como también a mujeres y personas trans en situación de vulnerabilidad que transportan y/o venden drogas en pequeñas cantidades”.
Para esta investigadora, el informe del SNIC para 2019 revela una de las tantas consecuencias de las políticas de drogas prohibicionistas en la región y de un modelo de gestión de la seguridad que delega muchas de las decisiones, dirección y administración de este y otros asuntos de política criminal en las fuerzas de seguridad. “En estos procedimientos y prácticas de detención imperan amplios márgenes de discrecionalidad, que rara vez son cuestionados por les operadores judiciales”.
La masividad del accionar policial por delitos sin víctima como el de consumir drogas puede responder a la necesidad de justificar y sostener el sistema represivo que se ha montado (divisiones especiales, capacitación, equipamientos, etc.). Claro que también funciona como una forma de saturar fiscalías y juzgados, distrayendo los esfuerzos para investigar, por ejemplo, al crimen organizado dedicado al tráfico y distribución mayorista de sustancias prohibidas.