El Grupo de Estudio en Violencia, Género y Seguridad manifiesta su apoyo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo
13 Jun 2018
El Grupo de Violencia, Género y Seguridad del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) manifiesta su apoyo al proyecto de ley que tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Su aprobación sería un paso significativo en la consolidación de los derechos de las mujeres y personas gestantes a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones, con acceso garantizado a la salud y a la integridad psicofísica, con respeto a su dignidad y decisión sobre su vida reproductiva. Todos ellos compromisos ya asumidos por el Estado en nuestro país.
La criminalización de una conducta no es más que la consolidación de la decisión del Estado de ejercer violencia sobre quién la realice. Se suele concentrar la atención en la aplicación de la pena, pero la práctica suele doler más que la teoría: estar al margen de la ley pone en una especial situación de vulnerabilidad a quienes, en este caso, no pueden acceder a prácticas médicas seguras, así como a los profesionales que las practican. Es por ello que la decisión de criminalizar debería ser excepcional y tomar en cuenta los principios de economía de la violencia y de utilidad.
Existen pruebas considerables sobre la ineficacia de la criminalización del aborto y sobre los efectos negativos de esta política. La propia Defensoría General de la Nación ha señalado en un informe recientemente que la criminalización no sólo no evita la cantidad de abortos que se practican sino que pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. También, destaca la cara más cruel de la selectividad penal aplicada a esta problemática: son las mujeres de menos recursos quienes, a causa de complicaciones por acudir a prácticas inseguras, quedan expuestas a la denuncia y persecución penal.
El Estado argentino no puede desoír las recomendaciones internacionales y nacionales de adecuar la normativa a los compromisos asumidos en materia de derechos de la mujer, los que no se encuentran de manera alguna reñidos con otros derechos garantizados en instrumentos internacionales. Tampoco puede desoír los efectos reales de su política criminal. Es por ello que desde el grupo instamos a los y las legisladores/as a que apoyen esta iniciativa y nos sumamos al reclamo por mayores y mejores condiciones que permitan el debido ejercicio del libre albedrio por parte de las mujeres: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.