Basta de femicidios y travesticidios: sobre políticas de seguridad y el rol de las policías

#6DeJunio #NiUnaMenos

3 Jun 2021

Hace seis años las mujeres y feminidades argentinas se apoderaron de las calles en los alrededores del Congreso bajo la consigna #NiUnaMenos. Hoy, movilizadas por el hartazgo frente a los femicidios, transfemicidios y las violencias de género, volvemos a exigir la implementación de políticas integrales para  erradicar estas problemáticas.

El Estado argentino puso en marcha desde aquel entonces distintos cambios institucionales. Uno de ellos  ha sido la creación del reciente Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. No obstante, pese a las distintas herramientas y organismos creados, el número anual de femicidios se ha mantenido sin grandes fluctuaciones, en un promedio de 200 femicidios anuales.

Ante la falta de articulacion de las agencias estatales que deben actuar en situaciones de violencia de género y las fallas sistemáticas por parte de los Ministerios y el sistema de justicia, las demandas del 2021 han estado profundamente atravesadas por el concepto de reforma judicial feminista. Sin embargo, no hay un acuerdo certero en torno a lo que implica que una reforma judicial sea feminista. Esto nos enfrenta al riesgo de que una demanda legítima se termine convirtiendo en un significante vacío o sea utilizada como motor para encauzar cambios punitivistas o antidemocráticos.

No debemos perder de vista, además, que el Poder Judicial no actúa en un escenario solitario y los métodos de gestión que el Estado puede arbitrar deben ser muy variados. Pocos son los mecanismos que deberían provenir de eso que llamamos “administración de justicia” (Binder, 2021). Las alternativas y herramientas para abordar las formas diferenciadas de conflictos, los matices y vectores de conflictividades que se entrecruzan en las violencias de géneros son diversas. Un abordaje efectivo debería orientarse hacia la prevención general. El sistema judicial se activa cuando la violencia ya fue desplegada, llega tarde. Las democracias modernas y su complejidad no pueden recaer en el sistema judicial, que por cierto, expulsa las complejidades y actúa cuando algo ya sucedió. 

El Estado debe diseñar políticas de prevención que vayan más allá de la distribución de tobilleras o botones antipánico. No porque estos instrumentos no sean efectivos para determinados casos, sino porque su uso generalizado limita la búsqueda de alternativas. El reciente femicidio de Ursula Bahillo en manos de un oficial de policía bonaerense puso de manifiesto la insuficiencia de las respuestas estatales actuales. Ursula recurrió 18 veces a oficinas públicas pero ningún mecanismo funcionó.

No hay respuestas simples a problemas complejos

Si bien resulta evidente la falta de seguimiento y control de las fuerzas a sus miembros y el peligro latente que sufren las propias mujeres ligadas por algún vínculo a la institución policial las violencias de género no son un problema propio de las fuerzas sino de arquetipos de masculinidad hegemónica que imperan en la sociedad.

Particularmente, los casos de violencia de género que involucran a miembros de fuerzas de seguridad denotan en qué medida sus miembros están inmersos en una cultura patriarcal, donde el uso de la fuerza es considerado una habilidad y un saber dentro de la institución (Calandrón, 2014), en cuyo extremo se ejerce una violencia expresiva, con efectos disciplinadores que sólo podrá abordarse si se instala la mirada de género dentro de la propia institución. Más aún teniendo en cuenta el número de mujeres que integran sus filas, ya que cabe destacar que el 43% del personal activo de la policía bonaerense son mujeres (39.077 de 90.994 miembros) y superan a los hombres en número de inscripciones. 

Estos arquetipos de masculinidad hegemónica vienen alentados  desde la  institución policial y se perpetúan con la validación masculina hacia el interior de ellas. El uso de la subordinación y el sometimiento aparecen como formas recurrentes de sobre-masculinización (Sirimarco, 2004), que se replica desde las escuelas de formación policial hasta el quehacer diario. En ese escenario, las mujeres policías se encuentran expuestas a violencias que quedan invisibilizadas, o cuanto menos, impunes. Motivo por el que es imprescindible plantear una reforma integral al sistema de seguridad que trabaje sobre las violencias hacia dentro de las fuerzas. 

Actualmente, no existe una normativa vigente para todas las fuerzas provinciales que restrinja la portación de armas de fuego cuando los policías son denunciados por violencia de género. Esto es particularmente problemático dado que la portación de un arma reglamentaria aumenta las posibilidades de violencia letal y coloca a las víctimas frente a un nivel de riesgo mayor.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se han adoptado algunos cambios en la fuerza de seguridad provincial con el objetivo de desarmar el escenario de tolerancia e impunidad frente a estas violencias: capacitaciones para el personal en materia de género, la actualización del protocolo de Asuntos Internos para la investigación administrativa de los agresores, visitas a las comisarías con el fin de controlar que reciban las denuncias. 

En las fuerzas federales también se han adoptado algunas medidas como la adopción de una normativa de restricción total o parcial del arma reglamentaria a los agresores denunciados, licencias especiales para las víctimas de violencia de género, la creación de un programa de masculinidades con el fin de sensibilizar a varones. 

Desafíos pendientes

Si bien estos cambios son necesarios para hablar de reforma integral de las fuerzas de seguridad en materia de géneros, no se agota allí. El proyecto de reforma policial en Santa Fe confeccionado en 2020, constituye un buen antecedente para repensar la conducción política de las fuerzas de seguridad. Entre las muchas modificaciones que propuso, se encuentra la creación de la Agencia de Control Policial, en pos de un control más estricto de la institución. Dentro de dicha agencia se propuso crear la: “Unidad de Control Policial sobre Violencia de Género” cuya labor es la investigación de casos de violencia por razones de género ejercida por funcionarios policiales.

Además, esta reforma propuso crear la Subsecretaría de Bienestar y Género en el sistema policial provincial con la misión clara de monitorear políticas de género y promoverlas. Planteó también, planes anuales de género, capacitaciones constantes y una oficina que canalice las denuncias compuesta por un equipo interdisciplinario. La puesta en marcha de estas agencias especializadas con funciones claramente determinadas y con personal capacitado para ello, puede ser un primer paso para desarticular la cultura patriarcal propia de las instituciones policiales. 

Abordar la reforma policial de manera integral y brindar herramientas a las integrantes que históricamente no alcanzan las jerarquías altas y sufren violencia cotidianamente, es una deuda pendiente y parte del problema, pero no la única. Escapar de las recetas prefabricadas, pensar el abordaje de los conflictos en todas sus dimensiones y poner el foco en la faz preventiva, deberían ser objetivos que orienten estas reformas. Si bien estos cambios son tan grandes que parecen imposibles de imaginar sin ellos los femicidios, transfemicidios y otras violencias por motivos de género aún invisibles seguirán ocurriendo. 

Si bien es necesario un sistema de justicia con perspectiva de género que dé respuestas integrales y reparadoras, necesitamos también una administración pública transformadora que actúe más allá de los mapas conceptuales ensayados hasta el momento.

#NiUnaMenos.

Área de Géneros de ILSED.

 

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