8M Paro Internacional Feminista: recuperamos las calles, exigimos derechos
Los colectivos feministas salimos nuevamente a las calles exigiendo, en primer lugar, que nos queremos vivas. Pero también que queremos las mismas condiciones salariales que los varones, el reconocimiento del trabajo no remunerado, acceso a viviendas dignas, los mismos derechos de transitar libremente el espacio público y además queremos ser escuchadxs. Por el Área de Géneros del ILSED.
8 Mar 2022
Hace años nos referimos a la violencia de género como parte estructural de nuestra cultura, hablamos de una forma de vincularse. Actualmente sabemos que los homicidios perpetrados contra mujeres se explican, en primer lugar, por razones de género, y son cometidos en contextos intrafamiliares por parte de sus parejas o exparejas. Además, las violencias que afectan a quienes están condenadas a violaciones sistemáticas de derechos por parte del Estado, tales como las trabajadoras sexuales, las mujeres campesinas y rurales, las pertenecientes a pueblos originarios, y las migrantes. Ni que existan especificidades en los crímenes contra las personas trans, travestis y no binaries.
Sabemos que una de las falencias del sistema de administración de justicia es el lugar que le otorga a la rendición de cuentas. No sólo en lo que respecta a la dimensión de las condenas sino en lo que refiere al acceso a la justicia, a la reparación a víctimas, a la respuestas a lxs hijxs que quedan huerfanxs, entre otros.
Los colectivos feministas salimos a las calles exigiendo, en primer lugar, que nos queremos vivas. Pero también que queremos mismas condiciones salariales, reconocimiento del trabajo no remunerado, acceso a viviendas dignas, los mismos derechos de transitar el espacio público y que además queremos ser escuchadxs. Hartxs de la invisibilización y las respuestas históricamente ensayadas que siguen fallando de manera sistemática. Justamente, lo que caracteriza al 8M es que el Paro Internacional Feminista transita por la denuncia pero no se queda en ella, apunta a una propuesta programática.
Sensibilizar para construir nuevas masculinidades es una responsabilidad del Estado y la Sociedad
Muchas demandas han sido trabajadas desde el Estado desde el primer paro de mujeres, pero en materia concreta de seguridad, desde una perspectiva de gestión de las conflictividades, aún se encuentra pendiente desarrollar políticas públicas de prevención y sensibilización integrales. En lo inmediato, podemos reconocer los siguientes aspectos:
El trabajo en torno a las masculinidades como devenir cotidiano. Es necesario un trabajo transversal en torno a la masculinidad tradicional. Existen recursos como los dispositivos de atención para varones que ejercen o ejercieron violencia. Pero, si pensamos en políticas integrales es fundamental pensar nuevos recursos. La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es una de las respuestas que apunta a trabajar en edades tempranas para construir otras masculinidades.
Hace una semana un grupo de varones abusó sexualmente de una chica dentro de un auto. Los seis están detenidos. No obstante, que el episodio sucedió a plena luz del día, en un barrio icónico de la ciudad de Buenos Aires y que algunos de los violadores fueran estudiantes universitarios, deja entrever que los reclamos punitivos y selectivos centrados en la justicia penal son y serán insuficientes. Tal como señala Dora Barrancos: “Tenemos un imaginario colectivo que sigue atribuyendo lo ominoso a ciertas franjas de la población (…). Es un mito que sirve para dejarnos un poco más tranquilos y tranquilas, pero la realidad desmiente completamente esa mitología.”
Trabajar en torno a los dispositivos para varones, sistematizar la información de estos espacios. Indagar en los recorridos de los agresores a través de la producción de información pública, oportuna y confiable, desde una perspectiva interseccional, son quizá los aspectos más lógicos. La temática género debe ser incluida a la hora de pensar cualquier tipo de intervención, pero debemos concentrarnos en un cambio tan grande que parece imposible: construir otras masculinidades, donde los varones tendrán un rol fundamental.
Como suele suceder en los casos que toman relevancia mediática, se despertaron nuevamente exigencias punitivas, a riesgo de ser repetitivxs, abogamos por una justicia transfeminista que hable en términos de reparación y no sólo de castigo. Que ponga el foco en el acompañamiento de las víctimas y en la resocialización de los victimarios.
Han sido los propios medios de comunicación han dado a conocer la interpretación que se le ha dado a las violencias sexuales por lxs operadorxs judiciales. Algunos fueron inaceptables, como el difundido caso del “desahogo sexual”. Por supuesto, existen excepciones. Recientemente el Tribunal Oral 1 de Florencia Varela, donde se investigaba un hecho de violación en grupo de 11 varones contra una niña de 17 años, destacó no solo la violencia de género, sino las prácticas sistemáticas con las que opera el patriarcado, la necesidad de juzgar con efoque interseccional -remarcando que existen otras vulnerabilidades además del género-, como así también poner en palabras que estamos ante hechos que deben describirse como “morir de género en vida”.
No obstante, no debemos olvidar que el sistema penal no es igual para todas. El domingo pasado se conoció el femicidio de una adolescente perteneciente a la comunidad Wichí, en la provincia de Salta, tenía 14 años. Es urgente poner en la agenda pública la violencia de género que padecen las mujeres, desde que son niñas, en comunidades originarias y rurales, la cual debe ser interpretada en clave cultural en el marco de una sociedad patriarcal y etnocéntrica. Existen múltiples obstáculos para acceder a los servicios destinados a la atención a la diversidad de mujeres en situación de violencia muy concretos y específicos. Asimismo, el solapamiento de violencias y las características de los contextos plantean una clara necesidad de enfoques interseccionales. En este sentido, debemos preguntarnos si las capacitaciones enmarcadas en la Ley Micaela son suficientes en contextos donde se entrecruzan distintas vulneraciones de derechos.
Pensar la planificación y provisión de infraestructura en zonas rurales desde un enfoque de géneros es fundamental. Las mujeres rurales y originarias pagan un precio alto por la falta de infraestructura, la falta de acceso a caminos en buenas condiciones, servicios de salud y dificultades para el acceso a la justicia.
Por último, una de las problemáticas que salió a la superficie con mayor nitidez en la pandemia fue la falta de acceso a viviendas dignas en un momento en el que “quédate en casa” y “lavate las manos” se repetían a modo de mantra. Este 8M no olvidamos que al igual que la pobreza, el desempleo y la falta de ingresos, el déficit de vivienda golpea más a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y principalmente a quienes tienen menores a cargo. Son a quienes más rechazan cuando intentan alquilar y quienes tienen menos acceso a la propiedad de la tierra en general.
La producir información interseccional y transfeminista es urgente
Otro aspecto que resulta esencial es la producción de información, porque permite poner el foco sobre los fenómenos sociales y aproximarnos a la realidad contemplando la intersección de los diferentes ejes de desigualdad y mostrar cómo el género y otras desigualdades se afectan mutuamente. Por eso, es básico que las instituciones públicas abran nuestros datos en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Y en este marco, la diversidad es clave al abrir y producir datos. Pero la diversidad no se trata de agregar más personas diversas en la ecuación. La diversidad realmente efectiva se encuentra relacionada con crear una cultura en que la diversidad de ideas, opiniones y personalidades sea algo común en la producción de información.
En Argentina no hay registros oficiales que desagreguen índices de femicidios ni violencia de género, por zonas rurales o urbanas, por ejemplo. La única provincia que lleva este registro es Santiago del Estero, y los datos arrojan que casi un 60 % de los femicidios entre 2002 y 2017, fueron en zonas rurales. Zonas donde la Educación Sexual Integral todavía es parcialmente implementada en muchos casos y donde el acceso al poder judicial depende de las posibilidades de viajar cientos de kilómetros para consultar por un expediente, “dónde en la comisaría te atiende un conocido del agresor”.
Si la voluntad es trabajar de manera integral y prevenir la violencia de géneros, debemos tener en cuenta que la complejidad de estos casos requiere trabajar multidisciplinariamente, articuladamente con otras dependencias y atender cuestiones que no siempre son penales y muchas veces se intersectan con temas económicos, de vivienda, de violencia, ya no sólo de género. Si el sistema económico no promueve la igualdad, ni la inclusión, ni se preocupa por los intereses de las generaciones futuras; si el sistema cultural todavía oprime la diversidad cultural, y la dirigencia política no asume la representación eficaz de intereses sociales, entonces tendremos una sociedad con muchos conflictos y con muy poca capacidad de gestionarlos, que nos conduce a la opacidad de poder y la violencia cotidiana.
Hay muchas áreas sobre las cuales trabajar, y trabajar impulsando lo que ya existe- porque se ha hecho mucho- pero las respuestas y articulaciones no pueden ni deben agotarse en la policía y el sistema judicial. Los dispositivos y modelos de intervención tienen que tener matices según el tipo de comunidades, de lo contrario reproduciremos la lógica patriarcal basada en expertos que provienen de afuera de la propia comunidad y deciden por la sociedad toda. Forma que no sólo se encuentra erosionada sino que ha demostrado que no funciona.
El cambio es enorme, pero frente a este panorama hay, hubo (habrá) resistencias feministas.
Área de Géneros ILSED.
Autoras: Bárbara Sosa, Bárbara Juárez, Clarisa Ruiz Diaz y Ana Clara Montañez.