La persecución penal y las fuerzas de seguridad otra vez al servicio de la irracionalidad
Por Tamara Peñalver, directora Ejecutiva del ILSED
2 Nov 2020
La represión desplegada en Guernica dejó una mezcla de sensaciones de espanto, angustia y desilusión. Las historias de las familias allí presentes hicieron eco en gran parte de quienes poseen alguna cuota de sensibilidad: redes sociales explotadas de repudio, asociaciones civiles, políticas y estudiantiles presentes en el lugar, notas periodísticas escritas desde la bronca. Eso me llevó a preguntarme si es necesario tener sensibilidad y empatía para ejercer la función pública y si con eso alcanza.
La respuesta que me di a mi misma es que sin sensibilidad y sin empatía por el dolor ajeno nada podemos construir para lograr una sociedad más equitativa. Pero que con ello no es suficiente, se necesita de un Estado presente, de poder político real, de recursos económicos y de la planificación de políticas públicas coherentes. Para ello es necesario definir problemas, seleccionar actores y funciones y proyectar acciones eficaces para su intervención. Se necesita coordinación y decisión política.
La toma de tierras es un problema de pobreza, de la pobreza más cruel: la marginal. No tener dónde dormir, no tener agua potable, no tener dónde amamantar, no tener una mesa para apoyar el cuaderno de tus hijes o no tener donde hacerles la merienda, nunca puede ser visto como un problema de criminalidad, y en consecuencia, no puede ser abordado desde el poder penal.
¿Por qué las negociaciones que se estaban realizando desde el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires se vieron doblegadas ante una decisión judicial de desalojo? ¿Un plazo procesal vale más que el derecho a la vivienda? ¿Por qué se pasan la pelota caliente entre los diversos poderes del Estado como si cada quien no fuera responsable de las decisiones que tomó? El desalojo, el fuego, las balas de goma y las detenciones fueron las respuestas brindadas a varias familias sin techo ni trabajo. Decir lo contrario, es una hipocresía.
Guernica, como tantos otros territorios, refleja un asunto de ausencias e inequidad profundizada ampliamente en los últimos años. No es un asunto penal, aunque a varias personas les moleste. Asumir esta posición, política e ideológica, no implica perder de vista las tensiones que se cristalizan en ese escenario. Por el contrario, invita a hacerse cargo del conflicto, a redefinirlo, y pensar estrategias entre los diversos actores públicos y privados involucrados que no impliquen el uso de la violencia estatal.
En estos casos siempre hay intereses contrapuestos, hay partes en conflicto, y desde una concepción democrática de la función pública, se debe procurar que no gane el más fuerte a cualquier costo. Lo que sucedió el jueves pasado pone sobre la mesa que la propiedad privada encarnada en tierra ociosa se ponderó por encima de la dignidad de las familias que no tienen donde vivir y tampoco ingresos para procurarse las necesidades básicas.
Se torna urgente achicar la brecha entre quienes poseen hectáreas infinitas y litros de leche y quienes no tienen absolutamente nada. Para lograrlo, es necesario contar con un Estado representado -en todos sus poderes y ministerios- a través de personas preparadas para la gestión de los problemas públicos, dotados de saberes y herramientas específicas para la coordinación intergubernamental, pero también que tengan siempre presente lo incómodo del dolor ajeno.
La persecución penal y las fuerzas de seguridad no deben jamás estar al servicio de la irracionalidad. El dolor ajeno solo incomoda si se lo aborda desde la sensibilidad y la empatía por les otres, comprendiendo, en esta ocasión, que no es una elección real dormir sobre tierra húmeda y entre un par de chapas enclenques.