| CRECE LA ADHESIÓN A LA SANCIÓN DE UNA AGENCIA NACIONAL DE CONTROL DE ARMAS |
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| martes, 07 de junio de 2011 | |
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La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación a comienzos de mayo invito a la Red Argentina para el Desarme (RAD) a la primer reunión que convocó para tratar el Proyecto de creación de la Autoridad Nacional de Control de Armas (ANCA), con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de tratamiento en comisiones, lo cual depende de retomar la dinámica de trabajo ordinario en un año electoral. Al día de hoy, el proyecto cuenta con la adhesión de las organizaciones y especialistas en políticas de control de armas y desarme, -INECIP, INSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES, FUNDACIÓN LEBENSOHN, ASOCIACIÓN ALFREDO MARCENAC, LA CASA DEL SUR, ASOCIACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS, ILSED, INSTITUTO LATINOAMERICANDO DE SEGURIDAD Y DEMOCRACIA, FUNDACIÓN ESPACIOS PARA EL PROGRESO SOCIAL, el Sr. Dante Piccioli, padre de Pablo Piccioli, víctima de la violencia armada, el Sr. Martín Appiolaza, Director del Centro de Estudios de Seguridad Urbana, UNCUYO-; la firma de los TRABAJADORES DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS, JUNTA INTERNA ATE- RENAR y el acompañamiento de los expertos del ACUERDO POR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA (ASD), León Arslanian, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alberto Binder, vicepresidente de INECIP, Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe y Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Se propone cambiar el sistema de financiamiento apartándose de la lógica de mercado para generar un sistema de carácter público compuesto mayoritariamente por partidas del Presupuesto Nacional y la creación de la ANCA, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la incorporación de su personal a planta permanente del Estado y con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas a través de una política pública de control y prevención de la violencia armada. El proyecto ratifica la importancia de instituciones como la Comisión Nacional de Armas y el Consejo Consultivo - actualmente vigentes por medio de la Ley 26.216 que declara la emergencia nacional en materia de armas de fuego en el país y crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de armas de fuego-, introduce mecanismos de control parlamentario y legisla sobre los criterios habilitantes para la obtención de la condición de legítimo usuario, la tenencia y portación de armas de fuego, especialmente en lo que hace a las acreditación de la aptitud psíquica y física, la idoneidad en el manejo del material y la pérdida de las condiciones habilitantes. La reunión fue de carácter informativo con el fin de introducir en la problemática a los diputados y plantear la posición de la sociedad civil en relación con el proyecto. Referentes de la RAD como Adrian Marcenac, padre de Alfredo Marcenac y fundador de la Asociación Alfredo Marcenac, Sidonie Porterie, Directora Ejecutiva del INECIP, Carola Concaro, Directora Ejecutiva del ILSED y Gustavo Colas, asesor de la Senadora Sonia Escudero, coautora del Proyecto junto con el Senador Biancalani, estuvieron presentes en la reunión de la Comisión y plantearon con total claridad la importancia de la inmediata sanción del Proyecto para definitivamente introducir un cambio radical en el sistema vigente. Éste, de carácter registral - recaudatorio es el principal cuello de botella para la profundización de la política que la actual gestión del Registro Nacional de Armas (RENAR) ha decidido implementar para mejorar las medidas de control y prevención de la violencia armada en el país. El RENAR, autoridad en materia de registro, fiscalización y control de la actividad y autoridad de aplicación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, no cuenta con presupuesto propio y solamente un pequeño porcentaje de los empleados son planta del Estado, siendo, la mayoría, empleados del Ente Cooperador administrado por AICACYP -Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca que aglutina a los fabricantes y comerciantes de armas de fuego del país- y que se rige por el sistema privado de cooperación técnica y asistencia financiera que centra la fuente de financiamiento del sistema en la venta de armas y el consecuente enriquecimiento del sector y sus representantes. Medida producto de las políticas neoliberales tomadas en las décadas del 80 y 90 en el país. El carácter recaudatorio del modelo de financiamiento del sistema registral, fracasa como alternativa frente al diagnóstico del problema: las armas de fuego son un factor de impacto fundamental para el agravamiento del carácter violento del conflicto social y el delito y, para combatir sus consecuencias, se requiere de una Autoridad que, en el marco de la política de seguridad pública, cuente con los recursos y estructura necesaria para la efectiva conducción de los diversos programas de reducción de la violencia armada y persecución del trafico de armas en el país y la región. El problema es de fondo. En este sentido es que se propone cambiar el sistema de financiamiento apartándose de la lógica de mercado para generar un sistema de carácter público compuesto mayoritariamente por partidas del Presupuesto Nacional y la creación de la ANCA, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la incorporación de su personal a planta permanente del Estado y con la misión de aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas a través de una política pública de control y prevención de la violencia armada. La Red Argentina para el Desarme RAD acercó su posición a la Comisión.Tomando en consideración que la proliferación de armas de fuego y la extensión de su uso es un problema creciente en la región y en la Argentina, la necesidad de contar con recursos y estructuras institucionales idóneas para gestionar eficaz y democráticamente el problema se torna una prioridad ineludible para la comunidad y las autoridades públicas. La complejidad y envergadura del problema generado por el uso y disponibilidad de armas de fuego en nuestro país exige que las autoridades públicas busquen: · Integrar en una Política de Estado, el control y fiscalización del circulante del material controlado, la persecución penal del circulante ilegal y la promoción firme y sostenida de una cultura de paz y no utilización de armas. · Garantizar los recursos necesarios para afrontar una política eficaz de carácter federal para la reducción de accidentes, hechos de violencia en las relaciones interpersonales y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego. · Mejorar la eficacia de la respuesta del Estado frente al problema con soluciones eficientes, de carácter interagencial y abordajes multidimensionales. Por este motivo, la RAD acompaña el Proyecto 0086-S-2010 que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara del Senado de la Nación del y solicita que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento y aprobación a esta iniciativa para transformar definitivamente la forma en que el Estado Nacional gestiona la política de desarme y control de armas. Para acceder al documento de posición de la RAD, haga click en el siguiente link DOCUMENTO DE POSICION DE LA RAD PROYECTO REF 0086 S 2010 Para acceder a la Carta de Acompañamiento al Proyecto, haga click en el siguiente link CARTA ASD DE ADHESIÓN AL PROYECTO REF 0086 S 2010 Para conocer el proyecto, haga click en el siguiente link MEDIA SANCIÓN SENADO 0086 S 2010 |