Las ciudades brasileñas padecen desde hace mucho elevados índices de violencia criminal y policial. Algunas de las comunidades más pobres y vulnerables de Brasil están frecuentemente sometidas por organizaciones de narcotraficantes. La respuesta del gobierno ha sido una represión creciente y frontal mediante operaciones policiales que han puesto en su punto de mira no sólo a las bandas sino a comunidades enteras.
Entorno de violencia
Las mujeres de estas comunidades viven en un clima de inseguridad constante. Lejos de aportarles protección, la policía, policías varones, a menudo las someten a cacheos ilegales, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente cuando intentan interceder ante la fuerza policial para proteger a algún pariente.
Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento. Esto es lo que una mujer le dijo a Amnistía Internacional: “No podemos seguir viviendo así. Vivimos con miedo.”
Las mujeres viven también expuestas a los designios de los señores de la droga y los jefes de las bandas, que dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones. En el narcotráfico se van viendo implicadas un creciente número de mujeres. Muchas de ellas acaban en el sistema penitenciario brasileño, caracterizado por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, y siendo objeto de abusos físicos y psicológicos y, en algunos casos, violadas.
Impacto
Las repercusiones de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en comunidades enteras, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención a la salud y la educación. Si, en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico. Los servicios de maternidad, las guarderías infantiles y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.
Parar la violencia
Las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional transmitieron unos mensajes muy claros sobre lo que hace falta:
- Una fuerza policial que las proteja a ellas y a sus familias y les proporcione una seguridad real
- Acceso equitativo a la justicia, independientemente de la clase social
- Protección para poder seguir su lucha en defensa de los derechos humanos
- Apoyo social y económico cuando un familiar resulta herido o muerto por la policía o la violencia delictiva
Hay que actuar ya
El gobierno federal de Brasil tiene que actuar ya para integrar las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASCI).