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ILSED repudia los hechos de tortura contra dos detenidos en Salta
viernes, 20 de julio de 2012
EL ILSED expresa su más enérgico repudio ante el caso de torturas perpetrado en Salta y hecho público a través de redes sociales y medios masivos de comunicación, y acompaña su repudio a través del comunicado institucional del INECIP.
La tortura en lugares de detención, lejos de constituir un episodio aislado, no es más que la manifestación de un modelo de seguridad autoritario, opaco, violento, patriarcal, ineficiente y militarizado que cuenta con asentimiento, cuando no con explícito apoyo, de las autoridades políticas y con la venía de vastos sectores de los poderes judiciales, que son tolerantes y complacientes con los tratos crueles, inhumanos y degradantes y con su impunidad.
Hacemos propicia la oportunidad para instar al Senado de la Nación a honrar los compromisos asumidos públicamente por los representantes de sus bloques mayoritarios y a dar pronta aprobación al proyecto de Ley D-51/11, elaborado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil. El mismo reglamenta la implementación del Protocolo Opcional a la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y establece un sistema preventivo de control externo e independiente mediante visitas sorpresivas a los lugares de encierro. Asimismo, interpelamos públicamente al Congreso Nacional para que regularice la inestabilidad de las autoridades de la Procuración Penitenciaria y así garantice su independencia, ya que fueron designadas por el ex presidente Fernando De la Rúa por el decreto 294 del 2000 y se encuentran en condición interina desde hace casi una década.
La redacción de un anteproyecto de Código Penal también constituye una gran oportunidad para resolver los problemas que ofrecen los tipos penales de severidades, apremios, vejámenes y torturas. La demorada reforma del procedimiento penal para investigar, documentar, juzgar y sancionar este tipo de hechos, la ausencia de políticas de protección, rehabilitación y reparación para las víctimas, el establecimiento de cupos penitenciarios máximos que aseguren condiciones dignas y la urgente transformación de los modelos de organización militarizada de policías y servicios penitenciarios y de sus sistemas disciplinarios no admiten más demoras, ineficiencias ni desidias. La vigencia real de los derechos humanos y del estado constitucional, democrático y social de derecho es absolutamente incompatible con la tortura.
Para mayor información, comunicarse al 4372-0570/4970 (de 12:00 a 18:00 horas) o al 15-5488-8145. Por mail a
