La nueva lógica de conflictividad en materia de seguridad en los espectáculos futbolísticos masivos
por Gustavo Saín
15-03-09: partidarios
de Argentinos Juniors y Racing se enfrentaron dejando un saldo de 114
detenidos.
15-03-09:
miembros de la hinchada de Boca Juniors se
enfrentaron en la zona del Parque Lezama. Seis
detenidos.
16-03-09: el
partido entre Deportivo Merlo y Morón debió suspenderse a los 12 minutos de la
primera parte por un enfrentamiento entre dos sectores de la barra local.
17-03-09:
hinchas de Defensores Unidos atacaran el ómnibus de
los jugadores del equipo de Villa Dálmine.
04-04-09:
grupos antagónicos de la barra de Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentaron
antes y durante el partido con Tigre. Un herido de bala y dos de arma blanca.
Hace años, los torneos nacionales
de fútbol en la República Argentina
eran sinónimo de alta profesionalidad y competitividad deportiva. Cada domingo,
la gente concurría a los estadios con la esperanza de ver ganar a su club, al
que acompañaba por el lazo sentimental y afectivo que lo unía al mismo. La
identificación de un hincha con un equipo de fútbol se daba por la cercanía
barrial, el buen juego o simplemente por herencia familiar. Con la llegada de
la televisión al mundo del fútbol, la situación cambió radicalmente. Los
contratos de los grandes jugadores se hacen en miles y millones de dólares, los
torneos profesionales llevan el nombre de grandes empresas y los clubes pasaron
a ser grandes gestores para las transferencias y pases de sus jugadores.
Durante mucho tiempo la
mayoría de los hechos de violencia relacionados con este deporte encontraban su
explicación por la llamada “cultura del aguante”, donde los enfrentamientos entre
hinchadas rivales estaban motivados por la defensa del honor, los colores de la
camiseta o el barrio, o simplemente por el simple deseo de establecer una
identidad mediante el uso de la fuerza. Hoy esta lógica parece transformarse. La
mayoría de los ejes conflictivos que motivan actos violentos alrededor del
negocio del fútbol poseen una motivación fundamentalmente económica, lo que
genera duros enfrentamientos entre grupos por ocupar espacios de poder dentro
de las instituciones deportivas.
¿Cuáles son las
principales fuentes de financiamiento de estos grupos? Sin dudas, los
principales beneficios y prebendas de estos grupos provienen de ingresos
vinculados a la realización de los espectáculos deportivos y negocios
administrados por las instituciones deportivas. Así, la mayoría de los ingresos
de las llamadas barras bravas
provienen de la venta y reventa de entradas, la administración de los
estacionamientos y zonas aledañas a los estadios, los puestos de venta de
comestibles e indumentaria deportiva oficial, porcentajes de las transferencias
de los jugadores, cargos dentro de los clubes y puestos de control para el ingreso de personas en la realización
de espectáculos musicales en los estadios, entre otros.
En este
contexto, el rol de los organismos del Estado integrantes del sistema de
seguridad en los espectáculos futbolísticos debe estar centralizado
prioritariamente en la investigación acerca de las vinculaciones entre estos
grupos violentos con las instituciones deportivas que promueven este tipo de
actividades indebidas o ilícitas. Asimismo, se debe examinar la responsabilidad
en materia de seguridad que le cabe a las asociaciones de fútbol en tanto
entidades civiles organizadoras de los torneos, tanto así como las sanciones
administradas a las instituciones deportivas afiliadas como responsables
civiles de la vida e integridad de las personas en la realización de
espectáculos futbolísticos masivos.
Por Fernando Azcoaga - Director Ejecutivo del ILSED
Como suele ocurrir desde hace un tiempo
demasiado prolongado, la “cuestión de la seguridad” se ha instalado en la
agenda pública como uno de los ejes polémicos del año electoral. Y, como
también sucede con frecuencia, lo que se percibe es la generación de un “clima
atemorizante” por parte de los medios de comunicación masiva, el abuso de
discursos tremendistas y alarmantes en boca de muchos dirigentes, el recurso a
los gastados argumentos autoritarios que propician la “mano dura”, el aumento
de penas, la baja de la edad de imputabilidad… y, por fin, la instauración de la
pena de muerte en discursos mediáticos de figuras públicas (Susana Giménez,
Guillermo Cóppola, Marcelo Tinelli).
El primer efecto palpable que produce este
“pseudo debate” es el incremento de la alarma y la sensación de inseguridad de
todos los ciudadanos –especialmente de los sectores medios-, la pérdida de toda
medida objetiva de la dimensión de los problemas que efectivamente existen, y sobre
todo, el derroche de otra oportunidad de lograr un consenso básico
–indispensable- para encarar soluciones eficientes y efectivas.
Y esta es la verdadera y eminente “emergencia”
en materia de políticas de prevención del delito, ya que la situación real – en
términos comparativos desde el punto de vista criminológico- es mucho mejor que
en el promedio del resto de los países latinoamericanos y aún que algunos de
los países que se suelen tomar como “modelo” a la hora de improvisar supuestas
“sabidurías” en la materia.
Buena parte de lo que se suele enumerar como
“problemas” de seguridad deviene de la actitud reactiva, zigzagueante -cuando
no de abandono liso y llano- que han tenido los gobiernos democráticos desde hace
25 años en esta materia, y de los efectos reales de las políticas económicas y
sociales que se implantaron como la “panacea” neoliberal.
Esa actitud ha esterilizado numerosos
esfuerzos realizados -aunque de manera parcial- que no han logrado sostenerse
en el tiempo; que tampoco consiguieron una verdadera articulación entre los
diversos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y entre las
políticas de prevención social, situacional, los cambios en la cultura de las
instituciones policiales y las mejoras sustantivas en el régimen penal y de
ejecución de las condenas.
No puede quedar fuera de esta enumeración la
progresiva irresponsabilidad de los medios de comunicación frente a una
realidad de la cual pareciera que no se sienten parte, y en la que se reservan
sólo el papel de acusadores profesionales. La realidad es que, desde que la
inundación “noticiosa” de los episodios luctuosos se convirtió en un excelente
negocio, pareciera haberse perdido toda mesura y todo interés por informar, explicar
y ayudar a comprender. Ni hablar de contribuir a mejorar una situación que
pareciera beneficiarlos más a medida que se agrava.
Frente a este panorama desalentador, el ILSED ha
destacado y apoyado las evaluacionesdel
Dr. Raúl Zaffaroni por su sensatez y mesura, y por la abundancia de ideas
sensatas que debieran ser mejor oídas en este debate electoral.
Asimismo nos proponemos continuar en la línea
de esfuerzos que hemos venido promoviendo desde el inicio, ofreciéndonos como
un ámbito facilitador de un debate sereno y reflexivo de las políticas de
seguridad donde han tenido cabida todas las opiniones e ideas democráticas de
la seguridad pública democrática. También continuar con las actividades de
formación de expertos en los diversos campos de las políticas públicas
vinculadas a la problemática y el acompañamiento de numerosas experiencias
prácticas que se desarrollan en municipios y provincias, y también en el orden
nacional.
A menudo, más de uno nos debemos preguntar
cómo bajar, como “parar la pelota”, como no sumarnos a la histeria y ansiedad
colectiva. Poca gente, quizás, tenga tiempo para reflexionar sobre esto. Todos
trabajamos para comer, otros para vivir, otros para hacer vivir a los suyos.
Todos lo hacemos en un mundo veloz, injusto, en condiciones desiguales y cortos
horizontes. Todos sufrimos, en diferentes grados y realidades, de los mismos
males: el tarifazo de fin de mes o el escaso acceso a los servicios públicos,
el calidad del colegio de los chicos o la inexistencia de caminos para llegar a
comer a la escuela, la imposibilidad de
proyectarse profesionalmente en el país o la falta de seguridad social de un
salario que nos permite solamente consumir, la cada vez más cara e ineficaz
privatización de los servicios públicos al alcance de un sector desesperado por
garantizarse algo de la tranquilidad que el bolsillo pueda comprar. Entonces,
lo que queda de alguna clase media consume el country más seguro, le pone
alarma al auto y a la casa y, en todo caso, si todo eso no funciona, mejor
estar preparados, el .22 en el armario puede ser el último recurso porque, no
seamos ingenuos, no vivimos en una sociedad poco violenta y la gente está muy
mal…
¿Cuántos de nosotros no hemos caído en la
cuenta de que un armario no es para guardar armas?, ¿cuántos no comprendimos
que un arma en casa no contiene la desesperación de los desesperados?, ¿cuántos
no entendimos que no se puede construir matando al que mata?, ¿cuántos no
advertimos que la legítima defensa no es una situación generalizable?, ¿cuántos
creímos que la tenencia de un arma de fuego nos puede defender del vecino de
toda una vida, ese que se transformó en un riesgo porque, bueno, quizás nos
hayamos olvidado por qué?, ¿quién le puede poner cara a ese riesgo omnipresente
a morir en cualquier esquina, en cualquier momento y bajo cualquier
circunstancia?
Hay respuestas y datos. La verdadera cara
de la tragedia es la que no se pudo prevenir cuando era absolutamente evitable.
Un arma de fuego en casa es el principal riesgo para la salud y socialización
de la familia, del vecino y del barrio –o nos olvidamos de aquella familia extendida
a la vereda, que todos nos jactamos de extrañar pero nadie se anima a invocar?
Desde el año 1997 al 2005, 31.043 personas
murieron en Argentina por armas de fuego, en homicidios, suicidios y
accidentes. Esto significa que 9 personas murieron por día.
En el año 2004, murieron más personas en
accidentes y suicidios con armas de fuego que en homicidios. Las heridas
causadas por arma de fuego son la segunda causa de muerte en Argentina. Para el
año 2005, se registró un total de 2628 muertes por arma de fuego, 219 muertes
por mes, 7 muertes por día en Argentina (1).
Los hombres jóvenes son las principales
víctimas.
El 50% de los homicidios con armas de fuego
se han cometido sin que se produzca ningún otro tipo de delito (2). El 27,2% de
los homicidios, accidentes o suicidios ocasionados con armas de fuego ocurren
en la vivienda (3). El uso de armas de fuego en los conflictos de pareja,
aumenta la posibilidad de muerte 12 veces en relación con otras formas de
violencia (4). Hay 1 muerto y 2 heridos por arma de fuego, por día, en ocasión
de conflictos interpersonales. En pocas palabras, 360 personas al año fueron
víctimas de una discusión trivial que terminó en tragedia (5). El 65% de las
muertes por arma de fuego ocurren en accidentes, suicidios y conflictos (6).
Muchos sí entendimos que un arma en casa es
un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego sirvió de
referéndum revocatorio de una situación generalizada de descreimiento de
alternativas sociales de resolución no violenta para prevenir y disminuir
riesgos: se recibieron 104.782 armas y aproximadamente 747 MIL municiones en
380 días hábiles. Un arma menos es una vida más.
(1) Dirección de Estadísticas
del Ministerio de Salud de la Nación Informe de Muertes por Causas Externas del
año 2005. (2) Dirección Nacional de Política Criminal, Sistema de
Alerta Temprana, homicidios dolosos con armas de fuego, 2005. (3) Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, Argentina 2005
(informe de resultados). (4) Kit Informativo IANSA, 2006. (5) Base de datos de conflictos interpersonales, Red
Argentina para el Desarme. (6) Op.Cit. Dirección de Estadísticas del Ministerio de
Salud de la Nación.
Más que interesante resulta ser el uso que
viene haciendo la gestión de Mauricio Macri del poder de policía que posee como
titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Sobre todo teniendo en cuenta la
potencial utilización que se hará de la nueva Policía Metropolitana, cuya
puesta en marcha se está comenzando a gestar en estos días.
A raíz del Decreto 1232/08, publicado en los
últimos días de octubre, el Gobierno de la Ciudad creó, en el ámbito de la Subsecretaría de
Espacio Público, la “Unidad de Control del Espacio Público – UCEP”.
En la continuidad de los nombramientos
imprescindibles para seguir con la impronta de Management exitoso del sector
privado, a cargo de la UCEP
se nombró a Fabián Jorge Rodríguez Simón procesado por la quiebra fraudulenta
del Banco Medefín, en la que el grupo SOCMA recibió privilegios al momento de
la liquidación de los activos de la empresa (cuya causa estaba a cargo del ex
fiscal, hoy Ministro de Seguridad porteño Montenegro).
Entre las diversas funciones relacionadas con
el mantenimiento del orden en el espacio público se le otorgaron las de “controlar
y ejecutar el retiro de infraestructura instalada en el espacio público no
ajustada a la normativa vigente, mantener el espacio público libre de
usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y
las sanciones correspondientes, colaborar operativamente con el Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en desalojos del espacio público, y colaborar operativamente en
el decomiso y secuestro de mercadería de vendedores ilegalesen el espacio público”.
A los pocos días de creada la UCEP, se difundieron los particulares
métodos que sus operadores aplican para cumplir con sus objetivos. Este grupo
de tareas “logró limpiar” (según los propios funcionarios del sector) de manera
casi total las plazas porteñas de intrusos carentes de vivienda. Para esto
recurrió de manera sistemática a una variedad particular de técnicas
“persuasivas y disuasivas”, que le han valido hasta la fecha varias denuncias
por una cantidad de abusos y maltratos físicos y psíquicos en sus operativos.
Con esta impronta tanto en los funcionarios a
cargo como en su funcionamiento, no resulta tan extraña la delegación del
diseño y organización de la nueva Policía Metropolitana en Jorge “el fino”
Palacios y sus secuaces de gatillo fácil y mano hábil para el manejo de las
cajas provenientes de la recaudación ilegal y dura para los pobres y la
protesta social. En esta avanzada, tampoco es de extrañar la reducción para el
año próximo del presupuesto para la Dirección de Prevención del Delito.
Si bien resulta obvio, a estas alturas, que la
mejora de la situación de seguridad en Buenos Aires no vendrá de la mano de esta
reedición del pacto -entre policías y políticos corruptos- para garantizar la
impunidad de la criminalidad organizada a través del recrudecimiento de la
violencia y persecución de los sectores más pobres, no pareciera ser esta la
impresión del Gobierno de la
Ciudad.
Es de esperar que, ya develados algunos de los
interrogantes que el marketing oculta, al masivo aval de la Legislatura porteña a un
esquema institucional con mucha policía y poca gestión política de la seguridad
le siga un control parlamentario activo y eficiente sobre el accionar de todo
el dispositivo institucional que administra la fuerza en la territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Las
declaraciones y acciones del gobierno bonaerense frente a los últimos hechos
violentos ocurridos en la provincia en las últimas semanas, aparecen casi como
una réplica de los dichos y actuaciones de otros dirigentes ante otros hechos
similares, en otros momentos, en esta misma provincia o en otras. Pareciera
haber una “sobreactuación de la reacción” frente a hechos que nadie niega como terribles
y horrorosos pero que, desde la responsabilidad de una gestión política, deben
ser analizados integralmente y puestos en perspectiva de una política de
Estado.
Generalmente,
“la reacción” pone énfasis en algunas de estas cinco cuestiones: bajar la edad de imputabilidad; subir las penas para ciertos tipos de delitos
hasta el extremo de poner el debate “la pena de muerte”; discutir y en algunos de los casos implementar [1]
la militarización de algunas de las zonas de la provincia a través de
operativos de saturación; el mal funcionamiento,por lerdo,y en algunos casos por “garantista”del sistema de justicia; otorgar más recursos (patrulleros, más y mejores
armas, etcétera) a la institución policial sin un plan de acción estratégico
que guíe la utilización de dichos recursos.
Ahora bien, se
ha avanzado en varias oportunidades sobre la implementación de acciones
tendientes a desarrollar este tipo de soluciones para dar respuesta al problema
de la inseguridad. El estado de la seguridad de nuestras ciudades no parece
haberse modificado para bien y existen estudios que demuestran que este tipo de
soluciones no logran revertir la situación,sobre todo pensando en el mediano y largo plazo y no en períodos de
gestión al frente de un gobierno.Además
muchas de ellas son altamente cuestionables por la inequidad que generan y los
derechos fundamentales que se violan en su aplicación.
Sin embargo, en
esta oportunidad, así como en la última campaña a cargos ejecutivos tanto a
nivel nacional, provincial como en el distrito de Capital Federal comenzaron a
aparecer algunas referencias a otros tipos de soluciones frente al problema de
la inseguridad.Y,Scioli viajó a Medellín junto con su Ministro
de Seguridad para ver y aprender cómo se puede trabajar desde la prevención:
iluminando calles, recuperando espacio público, generando oportunidades de
trabajo efectivo para jóvenes.
Cuidado. Son
varias las experiencias que se desarrollaron,incluso en y desde la provincia de Buenos Aires, proponiendo modelos de
prevención social del delito y la violencia para la generación de oportunidades
de inclusión [2].Seguramente las mismas
pueden ser consideradas “precarias” en su alcance porque nunca se les otorgó
suficiente presupuesto o importancia, pero aún así fueron serias y profundas en
cuanto a los modelos que propusieron y a los resultados que obtuvieron.No era necesario viajar a Medellín, - como
tampoco lo era viajar a Nueva York para copiar “Tolerancia Cero” -,había que mirar un poco al asumir para ver
qué se estaba haciendo en este sentido para que logremos de una vez por todas
diseñar y sostener políticas de Estado que no tienen resultados en el corto
plazo pero es necesario sustentarlas, profundizarlas, entonces ahí si viajar a
Colombia y dialogar para seguir aprendiendo, ellos y nosotros.De lo contrario, la prevención del delito en
tanto promoción de la inclusión será sólo parte de la “sobreactuación de la
reacción”,y la tragedia será recurrente
y eterna, tanto para los que son víctimas de los hechos delictuosos como
también, - centralmente -para los que
viven de generación en generación en la exclusión más profunda.
[1] La
experiencia mas cercana a estos tiempos fueron los denominados “operativos de
saturación” a fines de noviembre de 2003, decisión de la Mesa de Seguridad
Metropolitana integrada por la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación
– Gestión Beliz y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires – Gestión Rivara. Dichos operativos se realizaron en “La Cava” la fuerza nacional encargada
fue la Prefectura,
Barrio Ejército de Los Andes (Fuerte Apache) operativo a cargo de Gendarmería y
Barrio Carlos Gardel operativo a cargo de la misma policía bonaerense.El operativo estaba programado para durar un
mes, duró años.
[2] Programa de Respuestas
Múltiples del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires (2005), Programa Comunidades Vulnerables del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de Nación (2002), Estrategia de Prevención Social
con Jóvenes de la Dirección
de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito de la Ciudad de Buenos Aires
(2002); son algunos de ellos.
