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A dos meses de la elección del Gobierno de Mauricio Macri, la designada Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó en el Consejo de Seguridad Interior el nuevo Protocolo De Actuación "antipiquete", barriendo con el espíritu de la Resolución 210/11 del Ministerio de Seguirad, que sujetaba la actuación policial a criterios mínimos de uso racional de la fuerza.

El actual Protocolo justifica la represión automática de la protesta social, en detrimento de la protección de los derechos de los participantes. La decisión del Consejo de Seguridad a mediados de febrero, ha sido prioirzar y proteger el derecho de libre circulación y la protección de la propiedad privada, asumiéndolos amenazados por la protesta social. Entre las medidas mas gravosas, el Protocolo levanta la prohibición del uso de balas de plomo en manifestaciones públicas y dá lugar a detenciones arbitrarias, sin intervención judicial. En definitiva, pretende instaurar un supuesto nuevo orden de calle por sobre el deber de protección de libertades individuales y derechos colectivos. 

Expresamos nuestra fuerte preocupación y denunciamos la criminalización de la protesta social, en base a la firme pretensión de terminar con la libertad de expresión ejercida ante la vulneración de derechos por los que el Estado debe velar. En lugar de dar soluciones de fondo al incumplimiento de derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la vivienda o la salud, entre los tantos motivos por los que la protesta social se manifiesta; la única respuesta de este Estado es la pretensión de la instauración de un orden autoritario, funcional al desarrollo de un profundo proceso de ajuste ecónomico. De no mediar racionalidad política en la toma de decisiones, las consecuencias las contará la historia.